Iris Marín advierte de que Colombia relega los derechos humanos en su seguridad

La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, sostiene que el Ejecutivo encabezado por Abelardo de la Espriella no sitúa los derechos humanos entre sus objetivos al diseñar la política de seguridad. Así lo explica en una entrevista con EFE.

Marín considera que el Gobierno plantea una falsa disyuntiva entre combatir a los grupos armados y la delincuencia organizada, por un lado, y proteger los derechos humanos, por otro. Según ella, cuando la política de seguridad no respeta esos derechos, la fuerza pública puede convertirse en un factor de riesgo. Afirma que, cuando se alerta de estos asuntos, el Gobierno los minimiza por considerarlos un obstáculo.

Entre sus críticas figura el bombardeo de campamentos guerrilleros donde podría haber menores, algunos reclutados a la fuerza. Marín también cuestiona las imágenes del presidente junto a cuerpos embolsados de presuntos guerrilleros. Considera trágico que un menor reclutado muera en un bombardeo del Estado y lo describe como «la foto final de nuestro fracaso como sociedad».

La defensora alerta además de recortes al derecho a la protesta, de un proyecto de fumigaciones de cultivos ilícitos con productos tóxicos, de la retirada de obras de arte del Museo Nacional y de los riesgos de nuevas concesiones mineras y petroleras. Según Marín, el cambio más preocupante es el que afecta al «pluralismo democrático», que abarca tanto a las comunidades indígenas afectadas por concesiones mineras como a quienes se manifiestan por cuestiones laborales.

Marín defiende que en Colombia hay «diferentes visiones del país» y que el Gobierno debe garantizar que todas puedan expresarse y tener derechos, sin favorecer una en concreto.