El impuesto turístico asturiano queda en manos de cada concejo, que decidirá si lo cobra

La consejera de Presidencia, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, defendieron este lunes en la Junta General el proyecto de ley del impuesto sobre estancias turísticas. Según Europa Press, el Gobierno lo presenta como un modelo de corresponsabilidad: pagará quien visita la región y el dinero irá a los concejos que decidan aplicarlo.

Peláez explicó que se trata de un impuesto indirecto sobre un consumo específico. La norma fija una bonificación del 100% en la cuota autonómica, de modo que serán los ayuntamientos quienes decidan si añaden un recargo municipal. El Ente de Servicios Tributarios gestionará el cobro sin coste para las entidades locales, y el texto contempla exenciones.

La oposición está dividida. La diputada del Grupo Parlamentario Popular Sandra Camino sostiene que Asturias no tiene un problema de masificación y reprocha al Gobierno que no gaste los 50 millones presupuestados en Turismo. El Grupo Parlamentario Vox anunció una enmienda a la totalidad y habló de «fraude a la normativa fiscal». Adrián Pumares, de Foro, cifró en unos 475 millones de euros la recaudación del sector turístico.

Desde la bancada socialista, la diputada Lidia Fernández defendió que la aportación es «razonable y pequeña» y no perjudica la desestacionalización, pues tiene exenciones entre octubre y mayo. Convocatoria por Asturies, con Delia Campomanes, apoya el texto aunque prefería un tributo obligatorio en todo el Principado. La diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, habló de «justicia fiscal».