Los ayuntamientos sortean desde hoy las mesas del 29N y convocarán a 549.297 personas

Los sorteos para designar a presidentes y vocales de las mesas de las elecciones al Congreso y el Senado del 29 de noviembre comenzaron oficialmente este sábado y terminan el miércoles 4 de noviembre. Algunos ayuntamientos ya los habían celebrado con autorización de la Junta Electoral Central (JEC), como Madrid, Valladolid y Oviedo.

Para estos comicios se prevé habilitar 61.033 mesas, unas 700 más que en las elecciones del 23 de julio de 2023, a la espera de posibles cambios en el censo. Los consistorios deberán llamar a 549.297 personas, frente a las 543.000 de entonces. En Madrid, el municipio más grande del país, ya se conocen los nombres de los 32.715 residentes elegidos para las 3.635 mesas de la ciudad.

Cada mesa se compone de un presidente y dos vocales, con dos suplentes para cada puesto, es decir, nueve personas. El sorteo suele hacerse con un programa informático en un pleno municipal, aunque algunos ayuntamientos pequeños siguen sacando bolas de un saco. En Piélagos (Cantabria), el pleno extraordinario celebró el sorteo este sábado.

Entran en el bombo los censados en la sección electoral que tengan entre 18 y 70 años y sepan leer y escribir. Quienes tengan más de 65 pueden renunciar. El presidente debe tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado o, en su defecto, el de Graduado Escolar o equivalente.

Los designados deben presentarse a las 8.00 del 29 de noviembre en su colegio electoral, una hora antes de que abran las urnas. Los miembros titulares cobrarán 75 euros, cinco más que en 2023. Los suplentes no reciben nada. Los trabajadores tienen permiso retribuido ese domingo y una reducción de cinco horas de jornada el lunes 30.

La notificación debe llegar en los tres días siguientes al sorteo, hasta el 7 de noviembre, aunque un retraso no invalida la designación. Los elegidos tienen siete días para presentar excusas, que resuelve la Junta Electoral de Zona. Pueden alegar una discapacidad de al menos el 33%, haber formado parte de una mesa en tres ocasiones en diez años, guardias de médicos o bomberos, cargas familiares, embarazo, lesiones o intervenciones quirúrgicas, o un viaje contratado antes de la convocatoria.

Según la Ley Electoral, no acudir sin causa justificada puede acarrear de tres meses a un año de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.