Madrid denuncia por vía penal al exdelegado Francisco Martín por no desalojar la acampada de Sol

El portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, anunció la denuncia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según explicó, la Comunidad atribuye a Martín un presunto delito de prevaricación administrativa por no actuar para desalojar un campamento que califica de ilegal.

La omisión del deber de perseguir delitos es el segundo cargo que se le atribuye. Según el Ejecutivo regional, en la plaza se producen de manera continuada delitos de odio y de tenencia ilegal de armas, así como ataques al patrimonio y agresiones tanto físicas como sexuales. Fuentes regionales citadas por 20minutos añaden amenazas e injurias contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Martín presentó su dimisión el domingo 25. El País recoge que justificó el paso por la falta de condiciones para continuar al frente de su responsabilidad, y que lo anunció una vez que se supo que no figuraría en las listas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29-N. Ocupaba la delegación desde marzo de 2023. Según EFE, el Consejo de Ministros aprobó su cese el martes y su sucesora es Pilar Trinidad.

La Delegación del Gobierno respondió que desconoce el contenido de la denuncia y que, por tanto, no puede valorarla. Aseguró que todas sus decisiones desde el inicio de la acampada se tomaron con pleno respeto a la legalidad vigente y, en particular, a los derechos fundamentales.

La denuncia llega tras un correo que la Delegación remitió a la comisión de asesoría legal de la acampada, cuando Martín aún estaba en el cargo, y en el que se consideraba que "podría resultar legítimo ponerle fin". Al ser preguntado por ese escrito, García Martín opinó que habría hecho falta pedir el desalojo mucho antes. Según El País, añadió que su única exigencia es que se lleve a cabo.

La Comunidad ya había recurrido a la vía contencioso-administrativa para forzar a la Delegación a levantar el campamento, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó las medidas cautelares sin entrar en el fondo. Según 20minutos, también denunció ante la Fiscalía posibles delitos de odio, injurias y daños al patrimonio, lo que dio lugar a diligencias. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció el martes que presentará otra denuncia contra el exdelegado.

La acampada comenzó el 26 de septiembre tras una movilización del Sindicato de Inquilinas por el desahucio de una mujer de 87 años. El sindicato dejó de acampar el 2 de octubre, pero las tiendas y estructuras han seguido en la plaza. Ahora será la instancia judicial correspondiente la que examine las acusaciones.