El Supremo tumba la norma de bienestar porcino y abre la vía a reclamar daños
Redacción El Comunicación · 31 de octubre de 2026 a las 15:29 · Actualizada 2 de noviembre de 2026 a las 11:02
En 20 segundos
- El Tribunal Supremo anula por completo el Real Decreto 809/2025 sobre bienestar de los cerdos en granjas.
- Las explotaciones porcinas podrán reclamar a la Administración los perjuicios sufridos mientras la norma estuvo vigente.
- El tribunal rechaza que el carácter voluntario de las tipologías eximiera de estudiar los costes económicos.
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El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el Real Decreto 809/2025 sobre el bienestar de los cerdos en las granjas, tras un recurso de la asociación Araporc. La sentencia permite a las explotaciones porcinas reclamar a la Administración los perjuicios causados mientras la norma estuvo en vigor.
El Supremo ha anulado íntegramente el Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, que modificaba las normas de bienestar de los cerdos en las explotaciones ganaderas. La norma, publicada el 10 de octubre de 2025, dividía las granjas porcinas en tres tipos, con exigencias distintas en superficie, densidad y organización técnica. El decreto lo firmó el ministro Félix Bolaños, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El recurso lo presentó Araporc, la Asociación Regional Andaluza de Productores de Ganado Porcino y de la Dehesa Española, representada por el despacho Génova Abogados. Según la asociación, en algunas granjas la norma podía reducir la capacidad productiva y obligar a hacer obras y a asumir gastos de explotación más altos.
La clave del fallo está en el argumento de la Abogacía del Estado. Esta sostenía que, al ser optativo el sistema de tipologías, no hacía falta estudiar sus efectos económicos. El Supremo no lo comparte: aunque existan varias opciones regulatorias, la Administración debe examinar lo que cuesta cada una.
Con la anulación, las explotaciones que acrediten inversiones, costes extra, actuaciones de inspección o pérdidas por la norma podrán pedir responsabilidad patrimonial a la Administración. Araporc señala que esa vía sirve para los perjuicios sufridos mientras el decreto estuvo vigente.
La anulación alcanza a todo el decreto, no sólo a una parte de su articulado.
Qué dicen otros medios
Fuentes: La Gaceta de Salamanca.
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