El borrador canario permitiría desclasificar costas degradadas y reducir el paseo a tres metros

El texto permite que el Gobierno de Canarias o los ayuntamientos reclamen al Estado retirar del dominio público marítimo-terrestre los tramos del litoral tan transformados que ya no se reconozcan sus rasgos naturales. El borrador no fija cuánto debe degradarse un terreno ni quién lo evalúa ni con qué criterios. La ley estatal de 1988 ya prevé esa desafectación, pero sólo si los suelos dejan de ser necesarios para proteger la costa, y el Estado no está obligado a aceptar la petición.

Si el Estado acepta, el terreno pasaría a ser patrimonial, como un solar o un edificio público. La ley de costas permitiría entonces cederlo gratis a un ayuntamiento o a la comunidad, solo para un uso público, y la de patrimonio admite también venderlo.

En la franja de protección de cien metros, el artículo 42 considera convenientes las obras turísticas si están previstas en un instrumento de ordenación urbanística, turística o del litoral. La Fiscalía sostiene que las construcciones del Puertito de Adeje, en el sur de Tenerife, podrían ubicarse fuera de esa franja, y la justicia paralizó las obras de forma cautelar hace alrededor de medio año. Antonio Acosta, director general de Costas del Ejecutivo canario, aparece como investigado en ese procedimiento.

El borrador también fija en al menos tres metros el paseo junto a la orilla donde ya existan obras o instalaciones legales, frente a los seis metros de la norma estatal. Además, considera suelo urbano los asentamientos rurales que cumplan una serie de requisitos y prevé un censo de núcleos costeros tradicionales para estudiar su legalización.

Según el Gobierno canario, las singularidades de las islas justifican una norma propia, que busca adaptar la ley estatal y dar seguridad jurídica al concretar conceptos indeterminados.