El Estado rechaza quitar del censo el voto a 189.578 descendientes del franquismo

Los servicios jurídicos del Estado rechazan apartar del censo del 29-N a otros 189.578 descendientes de represaliados del franquismo, según elDiario.es. La petición es de Iustitia Europa y Vox, que quieren excluir a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad con la ley de nietos de 2022 y con la primera ley de memoria, de 2007.

Según el escrito del Estado, revisar ahora a ese colectivo sería materialmente imposible. Para los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos, el cribado en 172 consulados costó mes y medio de trabajo, vacaciones canceladas, trabajo en festivos y cierres al público. Repetirlo a tres semanas de la cita, con la documentación ya enviada, pondría en riesgo los servicios públicos esenciales.

Quienes figuran en el anexo I ya tienen aviso en la documentación: sólo votarán con un certificado consular que acredite la persecución política de sus antepasados. El Estado calcula que, con una participación histórica del voto exterior de un 8,36%, la pérdida real sería de unos 10.000 votos. Aunque se vetara también a los demás hijos, la incidencia no superaría los 20.000 votos.

El Supremo habló en su primera resolución de un aumento «excepcional» de votantes por la ley de nietos y de un «daño irreversible». Los denunciantes se apoyaron en 408.262 electores más en el censo exterior desde las elecciones de 2023. La Abogacía responde que esa cifra es bruta y no prueba cuántos votarían de verdad, así que no justifica una nueva restricción del derecho de voto del artículo 23 de la Constitución.