El Constitucional admite los recursos de Andalucía y Extremadura contra el plan de vivienda

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado luz verde para estudiar el recurso que la Junta de Andalucía presentó contra varios artículos del Real Decreto 326/2026, la norma que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Según Europa Sur y Diario de Sevilla, Extremadura también ha recurrido preceptos del mismo decreto. Europa Press, en cambio, centra la información en el recurso extremeño y señala que la Junta de Extremadura celebró la admisión.

El choque tiene como eje el dinero. El plan divide la financiación en 18 programas y fija qué actuaciones reciben ayudas y qué porcentaje va a cada línea. Para el periodo 2027-2030, el Estado pone el 60% y las comunidades el 40%; si una no aporta su parte, la ayuda estatal baja en la misma proporción. La Junta entiende que eso la obliga a comprometer su propio presupuesto y afecta a su autonomía financiera.

Según Europa Sur, la Junta andaluza también rechaza el artículo 153, que condiciona a la autorización o presencia del Ministerio de Vivienda las inauguraciones, presentaciones y colocaciones de primeras piedras. Según Europa Press, Extremadura pone el foco en otros puntos: la exigencia de autorización estatal para algunas actuaciones con fondos públicos y la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado. Además, cuestiona cómo se fijan los requisitos para que algunas casas conserven su protección de forma indefinida. Según la Junta extremeña, todo ello puede limitar su margen para planificar su propia política de vivienda.

El Gobierno central rechaza esos argumentos. Los rechazó en el Consejo de Ministros del 21 de julio, cuando recibió el requerimiento previo de Andalucía y Extremadura. Para el Ejecutivo, el decreto sólo marca las exigencias de los fondos que aporta el Estado, y no el modo en que cada región diseña sus propias políticas de vivienda.

Ahora el TC estudiará las alegaciones de ambas comunidades y deberá decidir si el Estado respetó el reparto de competencias fijado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía andaluz. Si da la razón a las juntas, algunos artículos podrían anularse o interpretarse de otra forma. Si respalda al Gobierno, se mantendrán. Mientras tanto, el plan sigue en vigor y sus ayudas no se detienen.